- La obesidad es un reflejo de las desigualdades: su diagnóstico y tratamiento están condicionados por determinantes sociales, lo que agrava las disparidades territoriales y socioeconómicas.
- El informe, dirigido por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con Lilly, insta a reconocer la obesidad como enfermedad crónica y propone una Hoja de Ruta para lograr un modelo de prevención más justo, equitativo y centrado en el paciente.
Madrid, 3 de diciembre de 2025. La obesidad se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública en España, hasta el punto de ser una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y gasto sanitario. Sin embargo, las cifras de la obesidad no se distribuyen de manera uniforme, sino que reflejan profundas desigualdades territoriales y socioeconómicas.
Los determinantes sociales de la salud tienen un impacto directo en los hábitos de vida, el acceso a alimentos saludables o las oportunidades para realizar actividad física. Factores como el nivel educativo, el nivel de renta, el empleo y las condiciones laborales, y la coexistencia de otros problemas de salud, entre otros condicionantes, afectan las posibilidades de desarrollar obesidad.
Estos temas se han debatido en la presentación en el Ministerio de Sanidad del informe “El Desigual Peso de la Obesidad: el Impacto de los Determinantes Sociales de la Salud” elaborado en colaboración con diferentes expertos, dirigido por la Fundación Gaspar Casal, con el apoyo de Lilly. El objetivo del informe es identificar los factores estructurales que perpetúan las desigualdades en obesidad, aportar evidencia científica sobre su impacto sanitario y económico, y formular una Hoja de Ruta de políticas públicas que permita avanzar hacia un modelo de prevención más justo, equitativo y eficaz.
La presentación comenzó con una breve bienvenida en la que se planteó la necesidad de integrar la perspectiva de los determinantes sociales de la salud en la acción política y sanitaria para abordar la obesidad desde todas sus aristas. En primer lugar, Pedro Gullón, Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, subrayó que “desde las administraciones tenemos que abandonar los enfoques individuales sobre la obesidad, eliminar los estigmas y trabajar en todas las políticas que garanticen la equidad en salud”. Diego Bellido, Presidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), explicó que “la obesidad es uno de los grandes retos de salud pública de nuestro tiempo y requiere una respuesta conjunta, coordinada y valiente. Desde la SEEDO defendemos que la lucha contra la obesidad debe abordarse como una prioridad de Estado, basada en la evidencia científica y en la coordinación entre sectores: salud, educación, consumo, urbanismo, empleo y economía”. Teresa Millán, Directora de Asuntos Corporativos de Lilly, remarcó que “la obesidad es una enfermedad compleja que requiere de un abordaje multidisciplinar y de un enfoque holístico”. Finalmente, Alicia del Llano, Directora de Proyectos de la Fundación Gaspar Casal, expresó que “tras una década de trabajo en la Fundación Gaspar Casal hemos constatado que es imposible comprender la obesidad sin atender a sus determinantes sociales. A partir de esta evidencia, proponemos una Hoja de Ruta realista y útil, con acciones como reconocer legalmente la obesidad como enfermedad crónica o combatir el estigma como parte esencial de la respuesta de salud pública”.
Durante la primera mesa de debate, moderada por Gema Medina, Vicepresidenta de SEEDO, se puso en valor la colaboración que el informe propone como clave para avanzar hacia una respuesta equitativa y efectiva ante el gran problema de la obesidad. En esta mesa, se explicó la perspectiva de los pacientes, mediante declaraciones de Federico Luis Moya, Director de ANPO, el cual finalmente no pudo acudir, pero dejó el mensaje de que “el principal problema es que la obesidad no está reconocida como enfermedad en nuestro país, lo que hace especialmente complicado llevar a cabo políticas o acciones que puedan reducir el alto porcentaje de obesidad en España”. Durante el debate, Paula Berruezo, Coordinadora Técnica de Investigación y Programas de la Fundación Gasol, subrayó que “la fundación se centra en la prevención de la obesidad desde los primeros años de vida, ya que crear entornos más promotores de la salud beneficia a toda la población. La obesidad es una cuestión sistémica que requiere un cambio estructural mediante políticas que transformen las condiciones de vida de la ciudadanía. Para disfrutar de la salud, debemos contar con un sistema que lo permita y lo garantice; de lo contrario, estaremos perpetuando un enfoque culpabilizador e individualista”. Posteriormente, Javier Salvador, Profesor titular emérito de Endocrinología en la Universidad de Navarra, explicó que “la obesidad es una enfermedad crónica independiente de la voluntad que determina la calidad y expectativa de vida”. José Manuel Fernández García, Coordinador del Grupo de Trabajo de Nutrición de SEMERGEN, incidió en que “la obesidad es una enfermedad crónica independiente de la voluntad que determina la calidad y expectativa de vida.” Finalmente, Tamara Peiró, Responsable del Área Asistencial de la Dirección de Servicios Farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, destacó que “el farmacéutico como el profesional sanitario más cercano y accesible para la población adquiere un gran interés en la prevención de la obesidad, en la detección de factores de riesgo y signos de alerta para una actuación temprana, y en la consecución de los objetivos del proceso terapéutico tanto de medidas no farmacológicas como cuando se haya instaurado un tratamiento farmacológico”.
La segunda mesa de debate, moderada por Álvaro Hernando, Asesor en el Gabinete de la Ministra de Sanidad, se centró en la necesidad de la coordinación entre políticas, administraciones y ámbitos institucionales para asegurar una atención equitativa de la obesidad y actuar con eficacia. Durante el debate, Estefanía García, Subdirectora General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, destacó que “la obesidad y el exceso de peso son un problema de salud pública en nuestro país, y, además, los datos demuestran su gradiente social. Por ese motivo, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (PENROI) pretende implementar una serie de medidas, poniendo el foco en los determinantes sociales de la salud, y con el objetivo de modificar los entornos, donde no sólo se encuentran los niños, niñas y adolescentes, sino también el resto de la población”. Guillermo García, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, subrayó que “la inseguridad laboral deteriora la salud mental y aumenta el riesgo de obesidad; es un vínculo infrainvestigado que se debe abordar”. Teresa Robledo de Dios, Técnica Asesora de la Subdirección General de Nutrición de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutrición (AESAN) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, expresó que “el Real Decreto 315/2024 puede ser una herramienta poderosa para reducir la brecha alimentaria en la infancia. Las medidas que contiene persiguen no sólo mejorar la calidad de la oferta de alimentos en estos centros, sino también reforzar el papel del comedor como espacio educativo y de equidad. Resulta necesario avanzar en otras políticas que permitan garantizar el derecho a la protección de la salud de la infancia en relación con el acceso a una alimentación saludable y de calidad.” Finalmente, Manuel García, Catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que “las medidas a implementar deben ser multifacéticas como lo es el reto que genera la obesidad. Estas medidas podrían incluir ser fiscales, regulatorias en la industria alimentaria, en derecho del trabajo o en salud laboral, o medidas para facilitar el acceso para toda la población a parques y zonas verdes”.
Una de las conclusiones más importantes del día y de la que se habla en el informe es la necesidad de reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, lo que permitirá no solo combatir el estigma, sino también articular una atención continuada, interdisciplinar y centrada en el paciente.
Acerca de la Fundación Gaspar Casal
La Fundación Gaspar Casal (FGC) es un think tank de interés general, sin ánimo de lucro, con un firme propósito social dedicado desde 1997 a la Formación, Investigación, Difusión y Activismo Científico en el sector de la salud. Entre sus fines prioritarios destaca la generación y transferencia de conocimiento útil, independiente y riguroso para ayudar a una toma decisiones públicas más informada. La vocación última de todas sus acciones es impulsar el bien común. Más información en https://fundaciongasparcasal.org/ y en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
